Desaparición de las AFP en Bolivia,
análisis y consecuencias de la
Con la promulgación de la Ley de Pensiones 065, el 10 de diciembre de 2010, y con el respaldo del artículo 45 de la Constitución Política del Estado, que en el parágrafo II indica que la dirección y administración de la seguridad social, corresponde al Estado, se consolida la desaparición (por tercera vez postergada) de las Administradores de Fondos de Pensiones BBVA Previsión y Futuro de Bolivia.
Monopolio de la Gestora Pública
Al existir sólo la Gestora Pública, los aportantes no tenemos otra opción y debemos quedarnos conformes con lo único que se tiene, perdiendo la posibilidad de comparar los servicios como era el caso de las AFP.
La competencia siempre es buena, nos permite comparar atención, conocimiento y en el caso que analizamos, quién nos ofrece mejor rentabilidad.
Tanto se habló que el monopolio es malo e incluso se han sancionado a algunas empresas por este motivo.
2.Centralización de todo el Sistema Integral de Pensiones en manos del Estado:
La administración, estará a cargo del Estado. La Gestora Pública estará fiscalizada por el Organismo de Fiscalización (actualmente llamada Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS); a ciencia cierta no sabemos si realmente reemplazará a la actual Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), o si solo es un cambio de nombre.
El Organismo de Fiscalización, tal como la actual APS, dependerá del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, este a su vez depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
A su vez la Gestora Pública, también depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Conclusión: no hay independencia porque todas las nuevas instituciones vinculadas a la Ley de Pensiones 065, dependen del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
La pregunta del millón: ¿esto no los convierte en juez y parte?
Desconfianza en la Gestora Pública:
Las AFP tienen la mejor base de datos de las personas aportantes, para mí es la mejor base de datos que existe en el país.
Genera mucha desconfianza que toda la información de las personas aportantes la maneje el Estado.
En ella se tienen los nombres y apellidos del titular, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, estado civil, donde trabaja, cuánto es el ingreso mensual, etc., al igual que del cónyuge e hijos.
La duda es que con todo lo que estamos viviendo, y la gran cantidad de personas que podrán tener acceso a esa información, ¿será que habrá un manejo responsable y confidencial?
Lastimosamente, al 31 de enero de 2019 la rentabilidad nominal en BBVA Previsión AFP fue de 1.62 % y en Futuro de Bolivia AFP fue del 1,34 %, las más bajas y preocupantes de toda la historia del nuevo sistema de pensiones, situación que ya nos ha afectado negativamente a todos los aportantes, sin posibilidad de recuperación.
Si bien al 31 de mayo de 2019 la rentabilidad nominal subió a 2.98% y 2.60% respectivamente, la misma sigue siendo muy baja y nada podrá compensar el daño irreversible que se causó durante estos últimos 8 años, período en el que si bien hubo ligeras recuperaciones, lastimosamente afecta directamente, tanto a las personas que ya están recibiendo una Pensión de Vejez de la AFP (Fracción de Saldo Acumulado), que en estos últimos 3 años han visto disminuido el monto de esa fracción, producto de la baja rentabilidad (tema para otro artículo), como a todas las personas que seguimos aportando, ya que tendremos que trabajar por más tiempo u opcionalmente considerar hacer cotizaciones adicionales.
De acuerdo a declaraciones del Ministro de Economía, las AFP no han realizado una buena labor en lo que a inversiones se refiere, producto de ello es la baja rentabilidad en las inversiones. Sin embargo, ¿por qué la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS) no hizo las observaciones y tomó acciones al respecto?; y si las hizo, ¿por qué no se ha pronunciado hasta la fecha, ya que son 8 años de una baja, con algunos períodos de recuperación mínima, donde los aportantes no nos hemos sentido representados por la APS, como organismo de fiscalización? La duda es mayor si tomamos en cuenta que en ninguna parte de la normativa vigente, se considera garantizar un mínimo de rentabilidad.
Pero bueno, de toda ésta mala experiencia propongo, con el fin que no vuelva a pasar, que mediante una ley complementaria, que debe aprobarse a la brevedad posible, se condicione el pago del porcentaje de esa comisión, a garantizar un mínimo de rentabilidad.
Como ejemplo, para seguir pagando una comisión del 0.5% (que se nos descuenta de nuestro total ganado), la rentabilidad nominal por gestión no debe ser menor al 7%; en caso que sea menor, la comisión que pagaríamos en la siguiente gestión debe bajar al 0.3%. Creo, sin temor a equivocarme, que sería el mejor incentivo para las actuales AFP y la futura Gestora Pública, de manera que se nos garanticen una pensión un poco más que regular.
Y si de inversiones hablamos, les invito a leer el artículo 142 de la Ley de Pensiones 065, que se refiere a los límites de inversión. El último párrafo indica textualmente:
“Los valores emitidos por el Tesoro General de la Nación o el Banco Central de Bolivia no estarán sujetos a los límites establecidos en la presente Ley y sus reglamentos.”
Esto representa un peligro porque no se ponen límites de inversión en estos dos casos. Con lo cual, sin importar quien sea el gobierno de turno, amparado en la ley y sus reglamentos, tiene vía libre para hacer que la Gestora Pública pueda invertir en este tipo de valores, sin ningún límite.
En la hipótesis de que la Gestora Pública invierta un 70% de nuestros aportes en valores del TGN y del BCB, la deuda interna se incrementaría en más de 11 mil millones de dólares.
Es importante poner un candado legal y determinar límites de inversión para inversiones en valores del TGN y del Banco Central de Bolivia, porque, de lo contrario, se pondrían en riesgo nuestros aportes, además de no ser la mejor opción de inversión por el bajo rendimiento de los intereses que genera.
Rentabilidad y porcentaje de aporte mensual
Para que una persona pueda jubilarse con el 70% del promedio de los totales ganados de los últimos dos años, la rentabilidad que debería generar la inversión de sus aportes, no debería ser menor al 10%. ¿Será que la Gestora Pública puede garantizar ese mínimo de rentabilidad?
No es duda suficiente, y además razonable, sabiendo que las inversiones no alcanzarán el 5% de rentabilidad (y menos el 10%); las personas aportantes no podrán jubilarse ni con el 35% del promedio de los totales ganados de los últimos dos años.
Creación de Entidad Pública de Seguros
La Ley de Pensiones 065 también determina la creación de la Entidad Pública de Seguros, para que se haga cargo del pago de las Pensiones de Invalidez y Muerte, sean éstas por riesgos común, profesional o laboral.
Actualmente, las AFP en Bolivia cumplen esta función y lo hacen sin ningún problema. Entonces, ¿para qué seguir creando instituciones, si la Gestora Pública puede tranquilamente realizar esas funciones?; más aún si, de acuerdo a declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, el software que está desarrollando la empresa panameña que contrataron, es un sistema integrado y es uno de los motivos para retrasar nuevamente el inicio de la Gestora Púbica (tema para otro artículo). Si lo que debe hacer es implementar procedimientos, que permitan evitar más burocracia.
Particularmente no veo la necesidad de la creación de la Entidad Pública de Seguros; más, al contrario, veo innecesario centralizar todo.
Compra de un nuevo software
El propio Ministro de Economía admitió que el software de BBVA Previsión es bueno, pero que faltaba ser integrado. De ser así, podía haberse trabajado sobre esa base y haber obtenido dos grandes ventajas:
- Mayor facilidad de transferencia, al momento de unificar información de todos los afiliados.
- Tener un sistema con más de 20 años de haber sido perfeccionado.
Si bien no hay sistema infalible, las posibilidades de errores no solamente se reducían a la mínima expresión, sino que en caso de que se den, su identificación y corrección hubieran sido más fáciles.
Incertidumbre y desconfianza:
La historia nos ha demostrado que el Estado no ha sido, ni es, un buen administrador.
La burocracia, la ineficiencia y el control total, lastimosamente derivan en hechos de lentitud y corrupción.
Los dueños de los fondos administrados por las AFP en Bolivia, y en corto plazo por la Gestora Pública, somos todos los aportantes al Sistema Integral de Pensiones.
Veo con preocupación la desinformación e inclusive desinterés de los aportantes, por la idea equivocada de pensar que el Estado será el que deba pagar nuestra jubilación.
No, queridos lectores; nuestra jubilación la pagamos nosotros, con nuestros propios aportes, y además pagando una comisión del 0.5%, que se nos descuenta todos los meses de nuestro total ganado, para una buena administración que incluye, principalmente, garantizar una rentabilidad que nos permita tener una vejez digna, y no lo que está ocurriendo ahora, y que debería preocuparnos a todos: el incremento de una población adulta mayor empobrecida.
