El compromiso ante el FMI y la incertidumbre sobre los bonos soberanos
El compromiso asumido por el Gobierno boliviano ante el FMI respecto al canje de bonos soberanos genera dudas sobre el destino de una parte importante de los recursos administrados por la Gestora Pública. Las autoridades deben explicar qué se pretende hacer y garantizar que los asegurados no pierdan ni un dólar de sus ahorros.
Los aportes que realizan los trabajadores durante su vida laboral tienen un objetivo: financiar sus futuras pensiones. No son recursos del Estado ni deben utilizarse para resolver sus problemas financieros.
Por eso preocupa el compromiso que el Gobierno boliviano asumió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a los bonos soberanos emitidos en el extranjero. El documento del organismo contempla una operación de canje de estos títulos, una parte de los cuales se encuentra en poder del Banco Central de Bolivia (BCB) y otra en manos de la Gestora Pública.
La operación, ya realizada por el BCB en marzo pasado, contempla el intercambio de bonos por nuevos instrumentos, con una tasa de interés del 2,5% y un plazo de diez años. El documento del FMI también hace referencia a una operación similar con los títulos que mantiene la Gestora.
La dimensión de esta posible operación merece atención. Según los registros de la APS consultados, la Gestora tenía bonos soberanos por un valor nominal aproximado de USD 918,86 millones. Se trata de recursos pertenecientes a los fondos del Sistema Integral de Pensiones.
¿Qué pasará con los bonos administrados por la Gestora Pública?
El FMI señala que el canje de los títulos en poder de la Gestora forma parte de las operaciones previstas por el Gobierno. Sin embargo, hasta ahora no hemos podido acceder a un documento que confirme que la entidad haya aceptado el intercambio, ni que detalle qué bonos entregaría y qué instrumentos recibiría a cambio.
Además, el gerente general de la Gestora declaró públicamente que la entidad no había participado en el canje realizado por el BCB y que mantenía sus bonos soberanos en cartera.
Esta situación deja una pregunta sin respuesta: ¿qué ocurrirá con los títulos que pertenecen a los fondos de pensiones y cuál será el efecto financiero de la operación prevista?
El tema no es menor. El análisis del FMI estima que el canje puede generar una reducción del valor presente de los instrumentos involucrados. Esto significa que, al calcular cuánto valen hoy los pagos que se recibirán en el futuro, los nuevos títulos podrían representar un valor económico inferior al de los originales.
Es importante aclarar que esa estimación no demuestra que la Gestora haya sufrido una pérdida ni que se haya reducido el saldo de las cuentas individuales. Tampoco permite afirmar que el 24% señalado por el FMI se aplicará necesariamente a toda la inversión de la Gestora. Para conocer el efecto real se necesitan las condiciones definitivas de la operación y la valoración de los títulos que se entreguen y reciban.
El valor nominal no es suficiente frente a la realidad económica
Un aspecto que debe explicarse con claridad es que mantener el valor nominal de una inversión no significa necesariamente conservar su valor económico.
Si los bonos originales, emitidos en dólares, fueran sustituidos por instrumentos en bolivianos o en moneda nacional con mantenimiento de valor respecto al dólar (MVDOL), deben conocerse las condiciones de actualización, la tasa de interés, los plazos y las fechas de pago.
También debe establecerse cuánto valen económicamente los nuevos títulos frente a los bonos originales. No basta con comparar sus valores nominales. Es necesario analizar los intereses que generarán, el capital que se devolverá y el efecto de las condiciones pactadas.
La Gestora administra recursos que pertenecen a los asegurados. Por tanto, cualquier decisión de esta naturaleza debe responder al interés de los trabajadores y no a las necesidades de financiamiento del Estado.
La diferencia entre conservar cifras contables y mantener el valor real
Una explicación que las autoridades deben dar
Ante la falta de información pública sobre la situación de los bonos de la Gestora, consideramos necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y la propia Gestora Pública se pronuncien y aclaren este tema.
Es necesario que informen:
- Si existe un acuerdo o compromiso formal para que la Gestora participe en el canje.
- Si la entidad aceptó la operación o continúa manteniendo los bonos originales.
- Cuál es el monto y el valor actualizado de esos títulos.
- Qué instrumentos recibiría a cambio, en qué moneda, con qué tasa de interés y a qué plazo.
- Cuál sería el valor económico de los nuevos títulos frente a los bonos actuales.
- Qué medidas se adoptarán para evitar cualquier pérdida en los recursos de los asegurados.
La pregunta central es sencilla: ¿pueden garantizar las autoridades que esta operación no ocasionará ninguna pérdida económica a los fondos de pensiones?
No se trata de oponerse a una operación financiera sin conocer sus condiciones, ni de afirmar que ya se produjo un daño. Se trata de exigir información antes de que se adopte una decisión que pueda afectar los ahorros de los trabajadores.
El Estado debe atender sus obligaciones financieras, pero no puede trasladar el costo de sus dificultades a quienes aportaron durante años para asegurar su jubilación.
La Gestora tiene la responsabilidad de administrar esos recursos en beneficio de los asegurados y la APS debe fiscalizar que sus decisiones protejan el patrimonio de los fondos. Ambas instituciones deben explicar con claridad qué está ocurriendo.
Las respuestas que las autoridades de la Seguridad Social deben dar:
Garantías institucionales y la defensa del patrimonio de los asegurados
Los trabajadores tienen derecho a saber qué se hará con sus ahorros. Y las autoridades tienen la obligación de demostrar que cualquier operación con los bonos soberanos preservará su valor económico.
Cuando se trata de los recursos destinados a las jubilaciones, la garantía no puede limitarse a conservar cifras en los registros contables. Debe asegurarse que los fondos mantengan íntegramente su valor. En otras palabras, que los asegurados no pierdan ni un dólar de lo que les pertenece.
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